La Convención de la ONU, la mejor aliada de las personas con discapacidad
El pasado 22 de febrero, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, acogiendo una propuesta del CERMI Estatal, declaraba oficialmente a la jornada del 3 de mayo de cada año como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Esta Convención es el tratado internacional que promueve, protege y asegura los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo.
La fecha del 3 de mayo fue elegida por ser el día en el que la Convención entró en vigor, en el año 2008, tras lograr el número exigido mínimo de ratificaciones de Estados parte, entre ellos España.
Con esta declaración del Día 3 de mayo, se trata de contribuir al conocimiento, a la difusión y a la toma de conciencia acerca de esta Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad.
Este año 2019 es, pues, el primero en el que se celebra este día oficial, ocasión que el movimiento social organizado de la discapacidad desea aprovechar para resaltar la relevancia de la Convención como la mejor y más firme aliada de las personas con discapacidad, mujeres y hombres, niñas y niños, y como los dispositivos jurídico, político y social más apropiado para hacer efectivos sus derechos, inclusión y bienestar.
El potencial transformador de la Convención, marco referencial y prescriptor ineludible de todas las políticas públicas y legislaciones que se llevan a cabo en España en el dominio de las personas con discapacidad, se intensifica si este tratado internacional se pone en conexión con los Objetivos de Desenvolvimiento Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Interpretar, desplegar y aplicar la Convención en clave de ODS y estos en clave de Convención de 2006, redoblarán los efectos de cambio social que necesitan las personas con discapacidad para lograr entornos, relaciones y comunidades plenamente inclusivas, sostenibles humana y socialmente, respetuosas y defensoras de la diversidad como bien de primera magnitud, digno de promoción y protección.
La Convención de 2006 y los ODS, mutuamente combinados, marcan, por lo tanto, la agenda política de la discapacidad de los próximos años, que pasa sin duda de modo prioritario por atender y materializar las recomendaciones que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas formuló a España, tras la segunda revisión del grado de cumplimiento de este tratado realizada los días 18 y 19 de marzo de 2019, y hechas públicas el pasado 9 de abril (https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/observaciones-finales-sobre-los-informes-periódicos-segundo-y-tercero).
Las recomendaciones de este comité referidas a las mujeres y niñas con discapacidad, grupo mayoritario dentro de las personas con discapacidad y más expuesto a la violación estructural y sistemática de sus derechos, son particularmente exigibles y urgentes, por lo que deben constituir objetivo preferente tanto de las políticas públicas de igualdad como de las de discapacidad.
El programa político y social para que la convención de 2006 y los ODS sean una realidad práctica en un período razonable es ingente y el movimiento cívico de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias estará vigilante para que los poderes públicos, los agentes sociales, los operadores económicos, los medios de comunicación y toda la sociedad encaminen a su actuación con estos postulados.
3 de maio de 2019.
